CERRO DE LA ALCAZABA, 21: CRÓNICA DE UNA OCUPACIÓN

El bloque situado en la calle Cerro de la Alcazaba número 21 es propiedad de la SAREB, un banco malo, una entidad privada con el mandato público de vender los inmuebles adquiridos a entidades en crisis, y su principal accionista es el FROB, de titularidad pública estatal, con un 46 % del capital de la compañía. El edificio, sin cédula de habitabilidad, lleva ocupado desde 2015 y el vecindario ha denunciado sin éxito ante la propiedad, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento el riesgo eléctrico (están ‘enganchados’), el ruido, la suciedad, la violencia y amenazas provocados por los ocupantes. En situación similar se encuentra el bloque de Buendía 9. 

La usurpación se produjo en 2015 e inmediatamente las viviendas se ‘alquilaron’. En un reportaje de la periodista Nadia Kolotushkina para rtve.es, aparecen varios de los ocupantes reconociendo que pagan un ‘alquiler’ por las viviendas ocupadas. En otro reportaje de Telemadrid (2016), el periodista José Antonio Masegosa afirma que el edificio está completamente ocupado y lo gestiona una de las mafias ‘ocupas’ que se reparte Madrid. 

 

Fotografía del inmueble con chatarra y diversos enseres

Estamos ante un negocio ilegal, ante una situación de chabolismo vertical: todas las familias del inmueble se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social; esta concentración no favorece su inclusión, además daña la convivencia y bienestar del vecindario en un barrio ya de por sí históricamente desfavorecido como el nuestro. El riesgo eléctrico ya se comunicó por los vecinos a la compañía suministradora.

A partir de esa fecha, los vecinos de la zona no han parado de denunciar infructuosamente ruido y suciedad en la vía pública, como chatarra o diversos enseres después de la finalización de cada alquiler. También han denunciado el absentismo escolar de algunos de los menores. Estas denuncias trajeron consigo las amenazas de algunos de los ocupantes. Así mismo han presenciado situaciones de violencia en varias ocasiones, las dos últimas el pasado mes de junio, con heridos. 

DENUNCIAS ANTE LAS ENTIDADES RESPONSABLES

En 2018 los vecinos enviaron mediante burofax un informe que recogía estas incidencias a la propiedad, la SAREB, sin respuesta hasta la fecha. Ese mismo año se volvió a comunicar a Unión Fenosa, la compañía suministradora, el riesgo eléctrico, y esta contestó que la reclamación era ‘procedente’ y que iba a gestionar a la resolución, sin más noticias hasta hoy. El mismo informe se envió a la Junta Municipal del distrito, a Servicios Sociales de Entrevías, a la Oficina de Atención al Ciudadano de Policía Municipal. Sólo recibieron contestación de Servicios Sociales, pero desconocen si este organismo ha tomado alguna medida al respecto. Finalmente, en 2020 enviaron el informe actualizado a la Delegación del Gobierno de Madrid. La contestación de la Delegación fue muy escueta, tomaban nota de la problemática y que estaban al tanto de la situación. Los vecinos llaman a policía municipal para denunciar el ruido o a policía nacional para denunciar actos violentos. En el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, PP, Ciudadanos y Vox firmaron acuerdos por los que se comprometían a crear oficinas antiocupación que todavía no se han puesto en marcha. Así, tanto la administración central, responsable como propietaria del edificio, como la administración local consienten que la situación conflictiva persista. El vecindario echa de menos una mesa conjunta de todas las administraciones para solucionar casos como este.

LOS PROBLEMAS DE FONDO

El primer problema es la falta de una política de vivienda que evite situaciones como estas. El segundo problema es una ley insuficiente que diferencia entre propiedades, la ley 5/2018 sobre la ocupación ilegal de viviendas, que sólo contempla la recuperación de inmuebles ocupados de personas físicas y ONG, pero no de empresas o de entidades jurídicas como la SAREB, que copan el 75 % de las ocupaciones en España.  El tercer problema de fondo se encuentra en la responsabilidad de la propiedad, la SAREB. El recientemente fallecido Gay de Liébana proponía que se diera una salida organizada a estos inmuebles.  Y el cuarto problema es la indefensión del vecindario colindante, deberían dotar a las comunidades de propietarios de legitimación para actuar cuando se vean afectadas por la alteración de la convivencia.